El pasado 5 de enero el diputado Juan Guaidó, militante de Voluntad Popular fue electo como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) que se encuentra en desacato del ordenamiento jurídico desde el año 2016.
La nueva cara visible de la oposición -quien asumió el cargo tras la ausencia de las altas figuras de su partido- no perdió tiempo y, apenas fue nombrado presidente del órgano en desacato, lanzó amenazas al Gobierno Venezolano sentenciando desde un cabildo abierto celebrado en el estado Vargas el pasado 13 de enero que “el juego cambió, el pueblo va a seguir en la calle”.
Más tarde, tras el llamado injerencista emitido por el vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), Mike Pence, en el que pidió a la oposición venezolana marchar para “empezar los pasos de un Gobierno de transición”, el 23 de enero Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” del país sobre una tarima en la plaza Juan Pablo II del municipio Chacao.
Insistiendo en la rebelión como respaldo a su autoproclamación, llamó a los simpatizantes de la derecha a no “enfriar las calles” e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a desconocer el mandato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a vulnerar el principio de obediencia, disciplina y subordinación.
“Ayuda humanitaria” como herramienta de intervención
El autoproclamado anunció el ingreso al país de una supuesta “ayuda humanitaria” con la que buscaba propiciar una intervención militar extranjera en Venezuela, e hizo creer a sus seguidores que ese día el Gobierno Nacional también llegaría a su fin.
Tras el fracaso de su plan, el 23 de febrero, a través de su Twitter expresó: “Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”, en una clara invitación a fuerzas extranjeras a participar en acciones contra el país.
Ataques al SEN
En el marco de los ataques al Servicio Eléctrico Nacional (SEN), que se incrementaron el pasado 7 de marzo, Guaidó escribió en Twitter que “el desespero puede conducir a nuestro Pueblo a un estado límite por conseguir sustento para los suyos”, mensaje que desató una serie de saqueos a comercios y justificó añadiendo que “esos reportes de saqueos que llegan de varias ciudades son consecuencia de que el régimen usurpador siga impidiendo solución a esta crisis”.
Durante una intervención en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo el 26 de marzo, amenazó: “No habrá solución al problema de servicio eléctrico, no habrá agua para las casas, mucho menos gas doméstico y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación”, al tiempo que precisó que “vamos a generar la presión interna necesaria para ir sumando en este proceso de cese definitivo de la usurpación”.
Tras el primer atentado al SEN los llamados a la calle comenzaron a ser más constantes, insistiendo en su petición de la salida del gobierno presidido por Nicolás Maduro.
“Llegó el momento de prepararnos como nunca antes para la organización y movilización de todo el país. Todo el tiempo en todas las calles, con la convocatoria de una huelga nacional, el reingreso de la ayuda humanitaria y el rescate del palacio presidencial”, profirió el 16 de marzo, y añadió que la militancia de derecha debe “pasar a una protesta organizada” con la participación de las fuerzas públicas y “las FANB en desobediencia total”.
Ese mismo día, el autoproclamado anunció el inicio de “la articulación ciudadana” para lo que denominaron la “Operación Libertad”, misma que de acuerdo a declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, es el preludio de una guerra civil.
“El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la Operación Libertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados. ¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!”, refirió el diputado en desacato.
En otro mensaje añadió que “mientras sigamos unidos y movilizados, con todas las opciones sobre la mesa, conversando con nuestros aliados, no hay forma de perder”, haciéndose eco de las amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó el pasado 23 de enero que todas las opciones en cuanto a Venezuela “están sobre la mesa”, con lo que no descartó una intervención militar en el país.
Reiteró que seguirán coordinando con la comunidad internacional “todas las acciones de cooperación, como el Artículo 187 en el numeral 11 de nuestra Constitución Nacional y la responsabilidad de proteger. Y tengamos claro: todas las opciones para salir de esta tragedia pasan porque sigamos en las calles”.
El mencionado artículo expresa que corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”, sin embargo, el pasado 21 de enero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la nulidad jurídica del Parlamento y resaltó que la AN incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y Gobierno.
Este fin de semana Guaidó dio inicio a la mencionada operación con la que la dirigencia opositora esperaba preparar a sus partidarios para una movilización hacia el Palacio de Miraflores. “Vamos a organizarnos muy bien en la Operación Libertad por el cese definitivo de la usurpación”, expresó durante una concentración en Valencia.
Según el periodista argentino radicado en Caracas, Marco Teruggi, “las respuestas a la “operación libertad” llegaron a través de lo que no sucedió. La derecha realizó mini protestas en varios puntos del país y una movilización de varios cientos de personas centralizada en el este de Caracas”.
Guaidó en una nueva declaración este lunes indicó: “Debemos iniciar la protesta estratégica y organizada en cada uno de los sectores de trabajo. La unión, organización y movilización de todos nosotros es un eje fundamental de este proceso”.
El pasado 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, por quebrantar la medida de prohibición de salida del país que pesaban su contra desde el pasado 29 enero, un día después el órgano plenipotenciario cumplió la petición, y aprobó la continuación del enjuiciamiento al diputado en desacato.
Fuente: AVN / Por: Yonaski Moreno
