Juan Guaidó: De presidente de la AN en desacato a promotor de la intervención extranjera

El pasado 5 de enero el diputado Juan Guaidó, militante de Voluntad Popular fue electo como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) que se encuentra en desacato del ordenamiento jurídico desde el año 2016.

La nueva cara visible de la oposición -quien asumió el cargo tras la ausencia de las altas figuras de su partido- no perdió tiempo y, apenas fue nombrado presidente del órgano en desacato, lanzó amenazas al Gobierno Venezolano sentenciando desde un cabildo abierto celebrado en el estado Vargas el pasado 13 de enero que “el juego cambió, el pueblo va a seguir en la calle”.

Más tarde, tras el llamado injerencista emitido por el vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), Mike Pence, en el que pidió a la oposición venezolana marchar para “empezar los pasos de un Gobierno de transición”, el 23 de enero Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” del país sobre una tarima en la plaza Juan Pablo II del municipio Chacao.

Insistiendo en la rebelión como respaldo a su autoproclamación, llamó a los simpatizantes de la derecha a no “enfriar las calles” e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a desconocer el mandato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a vulnerar el principio de obediencia, disciplina y subordinación.

“Ayuda humanitaria” como herramienta de intervención

El autoproclamado anunció el ingreso al país de una supuesta “ayuda humanitaria” con la que buscaba propiciar una intervención militar extranjera en Venezuela, e hizo creer a sus seguidores que ese día el Gobierno Nacional también llegaría a su fin.

Tras el fracaso de su plan, el 23 de febrero, a través de su Twitter expresó: “Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”, en una clara invitación a fuerzas extranjeras a participar en acciones contra el país.

Ataques al SEN

En el marco de los ataques al Servicio Eléctrico Nacional (SEN), que se incrementaron el pasado 7 de marzo, Guaidó escribió en Twitter que “el desespero puede conducir a nuestro Pueblo a un estado límite por conseguir sustento para los suyos”, mensaje que desató una serie de saqueos a comercios y justificó añadiendo que “esos reportes de saqueos que llegan de varias ciudades son consecuencia de que el régimen usurpador siga impidiendo solución a esta crisis”.

Durante una intervención en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo el 26 de marzo, amenazó: “No habrá solución al problema de servicio eléctrico, no habrá agua para las casas, mucho menos gas doméstico y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación”, al tiempo que precisó que “vamos a generar la presión interna necesaria para ir sumando en este proceso de cese definitivo de la usurpación”.

Tras el primer atentado al SEN los llamados a la calle comenzaron a ser más constantes, insistiendo en su petición de la salida del gobierno presidido por Nicolás Maduro.

“Llegó el momento de prepararnos como nunca antes para la organización y movilización de todo el país. Todo el tiempo en todas las calles, con la convocatoria de una huelga nacional, el reingreso de la ayuda humanitaria y el rescate del palacio presidencial”, profirió el 16 de marzo, y añadió que la militancia de derecha debe “pasar a una protesta organizada” con la participación de las fuerzas públicas y “las FANB en desobediencia total”.

Ese mismo día, el autoproclamado anunció el inicio de “la articulación ciudadana” para lo que denominaron la “Operación Libertad”, misma que de acuerdo a declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, es el preludio de una guerra civil.

“El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la Operación Libertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados. ¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!”, refirió el diputado en desacato.

En otro mensaje añadió que “mientras sigamos unidos y movilizados, con todas las opciones sobre la mesa, conversando con nuestros aliados, no hay forma de perder”, haciéndose eco de las amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó el pasado 23 de enero que todas las opciones en cuanto a Venezuela “están sobre la mesa”, con lo que no descartó una intervención militar en el país.

Reiteró que seguirán coordinando con la comunidad internacional “todas las acciones de cooperación, como el Artículo 187 en el numeral 11 de nuestra Constitución Nacional y la responsabilidad de proteger. Y tengamos claro: todas las opciones para salir de esta tragedia pasan porque sigamos en las calles”.

El mencionado artículo expresa que corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”, sin embargo, el pasado 21 de enero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la nulidad jurídica del Parlamento y resaltó que la AN incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y Gobierno.

Este fin de semana Guaidó dio inicio a la mencionada operación con la que la dirigencia opositora esperaba preparar a sus partidarios para una movilización hacia el Palacio de Miraflores. “Vamos a organizarnos muy bien en la Operación Libertad por el cese definitivo de la usurpación”, expresó durante una concentración en Valencia.

Según el periodista argentino radicado en Caracas, Marco Teruggi, “las respuestas a la “operación libertad” llegaron a través de lo que no sucedió. La derecha realizó mini protestas en varios puntos del país y una movilización de varios cientos de personas centralizada en el este de Caracas”.

Guaidó en una nueva declaración este lunes indicó: “Debemos iniciar la protesta estratégica y organizada en cada uno de los sectores de trabajo. La unión, organización y movilización de todos nosotros es un eje fundamental de este proceso”.

El pasado 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, por quebrantar la medida de prohibición de salida del país que pesaban su contra desde el pasado 29 enero, un día después el órgano plenipotenciario cumplió la petición, y aprobó la continuación del enjuiciamiento al diputado en desacato.

Fuente: AVN / Por: Yonaski Moreno

Amparado por EEUU diputado en desacato Juan Guaidó se autoproclama “presidente encargado” del país

Al día siguiente del llamado injerencista hecho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el que pidió a la oposición venezolana marchar para “empezar los pasos de un Gobierno de transición”, el diputado a la Asamblea Nacional en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, durante un acto proselitista se autoproclamópresidente encargado” de Venezuela. 

Guaidó, desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara la inconstitucionalidad del Poder Legislativo, hizo un ritual de autoproclamación ante simpatizantes de la oposición que marcharon en conmemoración al 23 de Enero de 1958.

Sobre una tarima ubicada en la Plaza Juan Pablo II del municipio capitalino Chacao, expresó que en su condición de “presidente de la Asamblea Nacional” e invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana “ante Dios todopoderoso y Venezuela, en respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela”.

Su propósito, explicó, es lograr el cese de la usurpación, conformar un gobierno de transición y tener elecciones libres, asimismo, dijo a los simpatizantes opositores que cuenta con el apoyo de la “comunidad internacional”.

Minutos después de autoproclamarse, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a través de Twitter que su gobierno reconoce a Guaidó como “presidente interino”

Asimismo, amenazó mediante un comunicado publicado por la Casa Blanca que usará “todo el peso del poder económico y diplomático de los EEUU para presionar a favor de la restauración democrática de Venezuela”.

Otro de los voceros injerencistas que se pronunció a través de Twitter fue el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con mensaje de ” felicitaciones a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia”.

El representante de la OEA reincide en su injerencia sobre Venezuela, que ha contado con el respaldo de países miembros del autodenominado Grupo de Lima y Estados Unidos.

Más temprano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó al Ministerio Público (MP) a determinar la responsabilidad de la Asamblea Nacional en actos de usurpación de funciones.

La Sala Constitucional ratificó la nulidad jurídica del Parlamento reiterada el pasado 21 de enero y resaltó que la AN incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y de Gobierno, al dictar cuatro acuerdos que violan los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Magna.

La postura tomada por Guaidó emula aquella del ex presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien un día después del golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, se autojuramentó “presidente de Venezuela”, con el beneplácito del sector empresarial, la Iglesia Católica y actores políticos de la ultraderecha.

Fuente: AVN

TSJ declara nula directiva de la Asamblea Nacional e inconstitucionales sus actos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este lunes nula la directiva de la Asamblea Nacional en desacato, juramentada el 5 de enero de este año e inconstitucionales todos sus actos.

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan José Mendoza, recordó que en fecha 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional declaró nula el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal del país.

Ante esto, la sala constitucional del TSJ destacó que la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, incurriendo “la írrita Directiva” elegida el 5 de enero de 2019 (al igual que las “designadas” inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018), en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional.

Asimismo, el TSJ rechazó los cuatro acuerdos emitidos por la AN en desacato el pasado 15 de enero, los que calificó de inconstitucionales.

Los cuatro acuerdos inconstitucionales son: “Declaratoria de usurpación de la presidencia de la República”, “autorización de ayuda humanitaria para atender la crisis social”, así como el acuerdo de protección de activos del Estado Venezolano por supuesta “usurpación” del Poder Ejecutivo y el acuerdo sobre una ley de amnistía para los civiles y militares.

Ante ello, el magistrado Mendoza destacó que la Asamblea Nacional en desacato no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una “pretendida usurpación” y que no puede asumir un Parlamento la acción del gobierno.

Agregó que es tal la gravedad del contenido de los cuatro acuerdos emitidos por la AN en desacato, que la Sala Constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en el cual incurren.

Sobre el primer acuerdo referente a supuesta usurpación de poderes por parte de Maduro, señaló que la Asamblea Nacional en desacato violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales, en particular el deber que tiene “toda persona” de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.

Resaltó que la AN en desacato desconoce al Poder Judicial al desacatar sus fallos, al Poder Electoral que realizó el proceso electoral en el cual fue elegido, proclamado y juramentado como Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2019-2025, Nicolás Maduro, al Poder Ejecutivo al desconocer la investidura de su titular y, la más grave, al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto.

Sobre el acuerdo para la autorización de “Ayuda Humanitaria”, la sentencia del TSJ recordó que la Sala constitucional señala que mediante sentencia N° 460 del 9 de junio de 2016, fue declarada nula por inconstitucional la “Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud”, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2016. Esta actuación pretende reeditar, por vía de “acuerdo”, el aludido proyecto, por lo cual es absolutamente nulo.

Sobre el tercer acuerdo emitido por el parlamento en desacato, la sentencia del TSJ destaca que “una vez más que todo lo relativo al gobierno y administración de la Hacienda Pública Nacional y la dirección de las relaciones exteriores de la República (artículo 236 constitucional cardinales 2, 4, 11 entre otros) le corresponde al Presidente de la República como órgano del Poder Ejecutivo”.

Sobre la necesidad de una Ley de Amnistía, el TSJ indica que el Parlamento en desacato “no solo insiste en una amnistía por delitos ya cometidos en los intentos de desestabilización pasados, sino en amparar hacia el futuro cualquier acción delictiva que se cometa, siempre y cuando sea para colaborar en el presunto restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

Agrega la sentencia del Máximo Tribunal del país sobre este punto: “Es decir, que rige para hechos futuros y/o inciertos, incluso eventualmente atentatorios de la institucionalidad democrática o crímenes de lesa humanidad que, por sus características, están excluidos del indulto o de la amnistía (ver artículo 29 de la Constitución); por tanto, además de su clara nulidad, por tratarse de un acto dictado por un órgano parlamentario en desacato, debe agregarse su incuestionable irracionalidad jurídica”.

En la sentencia el TSJ ratifica “la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo y constata el reiterado desacato en el que sigue incurriendo la Asamblea Nacional”.

Fuente: AVN