Juan Guaidó: De presidente de la AN en desacato a promotor de la intervención extranjera

El pasado 5 de enero el diputado Juan Guaidó, militante de Voluntad Popular fue electo como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) que se encuentra en desacato del ordenamiento jurídico desde el año 2016.

La nueva cara visible de la oposición -quien asumió el cargo tras la ausencia de las altas figuras de su partido- no perdió tiempo y, apenas fue nombrado presidente del órgano en desacato, lanzó amenazas al Gobierno Venezolano sentenciando desde un cabildo abierto celebrado en el estado Vargas el pasado 13 de enero que “el juego cambió, el pueblo va a seguir en la calle”.

Más tarde, tras el llamado injerencista emitido por el vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), Mike Pence, en el que pidió a la oposición venezolana marchar para “empezar los pasos de un Gobierno de transición”, el 23 de enero Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” del país sobre una tarima en la plaza Juan Pablo II del municipio Chacao.

Insistiendo en la rebelión como respaldo a su autoproclamación, llamó a los simpatizantes de la derecha a no “enfriar las calles” e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a desconocer el mandato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y a vulnerar el principio de obediencia, disciplina y subordinación.

“Ayuda humanitaria” como herramienta de intervención

El autoproclamado anunció el ingreso al país de una supuesta “ayuda humanitaria” con la que buscaba propiciar una intervención militar extranjera en Venezuela, e hizo creer a sus seguidores que ese día el Gobierno Nacional también llegaría a su fin.

Tras el fracaso de su plan, el 23 de febrero, a través de su Twitter expresó: “Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”, en una clara invitación a fuerzas extranjeras a participar en acciones contra el país.

Ataques al SEN

En el marco de los ataques al Servicio Eléctrico Nacional (SEN), que se incrementaron el pasado 7 de marzo, Guaidó escribió en Twitter que “el desespero puede conducir a nuestro Pueblo a un estado límite por conseguir sustento para los suyos”, mensaje que desató una serie de saqueos a comercios y justificó añadiendo que “esos reportes de saqueos que llegan de varias ciudades son consecuencia de que el régimen usurpador siga impidiendo solución a esta crisis”.

Durante una intervención en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo el 26 de marzo, amenazó: “No habrá solución al problema de servicio eléctrico, no habrá agua para las casas, mucho menos gas doméstico y lo repito, el cese de la oscuridad vendrá definitivamente con el cese de la usurpación”, al tiempo que precisó que “vamos a generar la presión interna necesaria para ir sumando en este proceso de cese definitivo de la usurpación”.

Tras el primer atentado al SEN los llamados a la calle comenzaron a ser más constantes, insistiendo en su petición de la salida del gobierno presidido por Nicolás Maduro.

“Llegó el momento de prepararnos como nunca antes para la organización y movilización de todo el país. Todo el tiempo en todas las calles, con la convocatoria de una huelga nacional, el reingreso de la ayuda humanitaria y el rescate del palacio presidencial”, profirió el 16 de marzo, y añadió que la militancia de derecha debe “pasar a una protesta organizada” con la participación de las fuerzas públicas y “las FANB en desobediencia total”.

Ese mismo día, el autoproclamado anunció el inicio de “la articulación ciudadana” para lo que denominaron la “Operación Libertad”, misma que de acuerdo a declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, es el preludio de una guerra civil.

“El 6 de abril serán las primeras acciones tácticas de la Operación Libertad en todo el país. Ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados. ¡El rescate de Venezuela está en nuestras manos!”, refirió el diputado en desacato.

En otro mensaje añadió que “mientras sigamos unidos y movilizados, con todas las opciones sobre la mesa, conversando con nuestros aliados, no hay forma de perder”, haciéndose eco de las amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó el pasado 23 de enero que todas las opciones en cuanto a Venezuela “están sobre la mesa”, con lo que no descartó una intervención militar en el país.

Reiteró que seguirán coordinando con la comunidad internacional “todas las acciones de cooperación, como el Artículo 187 en el numeral 11 de nuestra Constitución Nacional y la responsabilidad de proteger. Y tengamos claro: todas las opciones para salir de esta tragedia pasan porque sigamos en las calles”.

El mencionado artículo expresa que corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”, sin embargo, el pasado 21 de enero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la nulidad jurídica del Parlamento y resaltó que la AN incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y Gobierno.

Este fin de semana Guaidó dio inicio a la mencionada operación con la que la dirigencia opositora esperaba preparar a sus partidarios para una movilización hacia el Palacio de Miraflores. “Vamos a organizarnos muy bien en la Operación Libertad por el cese definitivo de la usurpación”, expresó durante una concentración en Valencia.

Según el periodista argentino radicado en Caracas, Marco Teruggi, “las respuestas a la “operación libertad” llegaron a través de lo que no sucedió. La derecha realizó mini protestas en varios puntos del país y una movilización de varios cientos de personas centralizada en el este de Caracas”.

Guaidó en una nueva declaración este lunes indicó: “Debemos iniciar la protesta estratégica y organizada en cada uno de los sectores de trabajo. La unión, organización y movilización de todos nosotros es un eje fundamental de este proceso”.

El pasado 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, por quebrantar la medida de prohibición de salida del país que pesaban su contra desde el pasado 29 enero, un día después el órgano plenipotenciario cumplió la petición, y aprobó la continuación del enjuiciamiento al diputado en desacato.

Fuente: AVN / Por: Yonaski Moreno

ANC está facultada para allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), está en plenas facultades para allanar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por violar las medidas impuestas por el Máximo Tribunal del país.

Así lo aseveró el constituyente Ricardo Molina, durante entrevista en el medio privado Globovisión, acotando que quienes alegan que el único ente autorizado para allanar la inmunidad a los diputados es la Asamblea Nacional (Art. 200 de la CRBV), lo hacen no desde la ignorancia, sino desde la manipulación.

En ese contexto recordó que la Asamblea Nacional, se encuentra en desacato desde que desconocieron e irrespetaron el mandato de un poder público como el TSJ, por lo que todas las decisiones que se tomen desde esa instancia (AN), son írritas y nulas, está inhabilitada para ejercer todas las responsabilidades establecidas en la Carta Magna.

Molina señaló que todos los diputados (AN), gozan de inmunidad parlamentaria, solo que algunos de estos han cometido crímenes y esa condición no los exime de que la justicia determine responsabilidades y sean juzgados por hechos delictivos.

Indicó que en el caso particular de Freddy Guevara, incurso en las acciones violentas del año 2017 que dejaron saldo de más de 300 personas muertas, este llamó a matar gente, estimuló a que mataran gente viva y a la agresión entre ciudadanos.

“Guevara cometió crímenes, es diputado, lo es, tiene inmunidad parlamentaria, la tiene, pero no lo eximen de que la justicia siga su curso, Guevara y Guaidó son unos criminales”, apuntó Molina.

Para Molina, Guaidó en su condición de diputado ha cometido delitos al usurpar un cargo público tras autoproclamarse supuesto presidente interino de la República, figura inexistente en la Constitución y bajo esa figura “ese irresponsable sin derecho alguno ha pedido intervención militar extranjera contra el país, ha robado activos por más de 30 millones de dólares a la nación y también ha propiciado una invasión desde Colombia”, dijo.

Precisó que Guaidó ha cometido crímenes y ante esto las autoridades ha seguido el curso de la Constitución y “si aquí existiera de verdad una dictadura ese ciudadano estaría preso por orden del supuesto dictador, pero, se ha respetado lo que establecen las leyes, la que se aplicará tarde o temprano”, acotó.

Vale destacar que el TSJ invocó desacato a Juan Guaidó por haberse ido a Colombia sin atender la orden de prohibición de salida del país. Lo declararon en flagrancia y ordenaron a la Fiscalía investigación sin antejuicio de mérito.

Maikel Moreno recordó que Juan Guaidó “tiene prohibición de salida del país sin autorización hasta que se culmine la investigación, prohibición de enajenar bienes de su propiedad, bloqueo y movilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento, por lo que se declara en desacato a Juan Guaidó y se le impone una multa de 200 unidades tributarias”.

Precisó que “se le emitirá copia certificada del documento al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a fines de que se allane su inmunidad parlamentaria”.

Fuente: Yvke Mundial/Magdalena Valdez

Fiscal William Saab: Desde enero de 2019 hay una escalada de crímenes de odio instigados por Guaidó

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab denunció que desde enero 2019 hay una escalada progresiva de crímenes por odio instigado por el diputado en desacato, Juan Guaidó.

“Hemos visto con muchísima preocupación y he hablado sobre el tema con el presidente de la República Nicolás Maduro y el presidente de la ANC Diosdado Cabello, la escalada progresiva y cada vez más intensa que a partir del mes de enero cuando sujetos no electos por el pueblo pretendieron sin éxito usurpar e poder”, manifestó desde la sede del Ministerio Público.

Asimismo, señaló que desde el año 2017 se generaron crímenes de odio en donde se detectaron la práctica de agredir a personas inocentes sin ninguna notoriedad pública por sus presuntas creencias políticas.

Agregó que durante estas protestas hubo casos como el de Orlando Figuera, quien fue golpeado, apuñalado y prendido en fuego por encapuchados en la Plaza Altamira, del mismo modo, en el caso de Danny Subero, un teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, quien fue linchado y asesinado en la urbanización Valle Hondo de Cabudare.

El fiscal resaltó que por estos crímenes los entes públicos han judicializado casos de Orlando Figuera, Dani Subero y Manuel Gutiérrez Moreno entre otros.

Mencionó que en el artículo 21 de la Ley Contra el Odio, establece como agravante que todo hecho punible sea ejecutado por motivo de pertenencia, real o presunta, de la víctima a un determinado grupo (en este caso político).

Del mismo modo, destacó que estos crímenes inspirados por la intolerancia más retrógrada, son el camino directo hacia el fascismo, puesto que se discrimina al ciudadano por su posición política, por sus ideas, por sus características físicas, o por su simple pertenencia a un grupo social determinado, afectando al Estado actual, al sistema democrático de derecho en defensa de la Constitución.

Añadió que los sujetos que pretenden usurpar el poder son los autores intelectuales de estos crímenes, porque desde sus cuentas en  redes sociales llaman a matar chavistas. “Hago un llamado a quienes instigan el odio en redes para detener esta práctica nociva para el país”.

“No vamos a aceptar que esto siga ocurriendo en estos términos y vamos a aplicar todo el peso de esta ley”, expresó.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz exhortó a los poderes públicos y a los encargados de administrar la justicia para garantizar la Ley contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia la cual ayuda a promover una cultura de paz.

“Queremos hacerle un llamado a la conciencia del pueblo, empezando por las instituciones que son las encargadas de administrar justicia para que se aplique esta ley que busca el bienestar colectivo”, dijo.

Fuente: YVKE Mundial/ Dolores Hernández

Derecha venezolana emprende campaña en redes sociales para atentar contra la Fanb

En el desarrollo de maniobras inconstitucionales de asalto al poder político, vulnerar el principio de obediencia, disciplina y subordinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) parece ser una prioridad para los grupos golpistas en búsqueda de propiciar el derrocamiento del presidente de la República,Nicolás Maduro.

Con un lenguaje amenazante, similar al empleado por el asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos (EEUU), John Bolton, contra compañías internacionales que estimen negociar con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dirigentes y militantes de extrema derecha venezolana pretenden amedrentar a efectivos militares y oficiales a que desconozcan el estado de derecho y la Constitución e incorporarlos a sus planes subversivos.

Con la frase El 23F debe elegir entre servir a Maduro o servir a la Patria, inició una agresiva campaña contra integrantes de las Fanb, específicamente con aquellos que prestan servicio en las adyacencias o en las zonas fronterizas, dado que este punto sería la vía de acceso a la supuesta “ayuda humanitaria” enviada por EEUU.

La estrategia contempla la publicación de fotografías e información personal de efectivos de la institución castrense, así como invitaciones a “reflexionar” y advertencias implícitas en mensajes divulgados a través de redes sociales.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como “presidente encargado” de Venezuela en un acto inconstitucional, ocurrido el 23 de enero, es uno de sus fervientes promotores. En su perfil de Instagram difundió 10 fotografías y un listado con los nombres de funcionarios acantonados en los estados Bolívar, Nueva Esparta y Táchira a fin de que sus seguidores solicitaran “permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, contribuir a lograr el cese de la usurpación y restablecer la democracia”.

Con una fachada de “llamado a la reflexión de manera pacífica”, el dirigente del partido Voluntad Popular (VP) sometió al escarnio público a efectivos de la Fanb, vulnerando su privacidad y colocándolos a merced de sectores radicales que abogan por su exterminio.

Las fotografías, divulgadas en simultáneo en su cuenta de Twitter, antecedieron una amenaza emitida por Guaidó este miércoles. En una publicación, realizada al término de una concentración del sector transporte, otorgó un plazo de tres días a la Fanb “para acatar la orden del Presidente (E) y ponerse de lado de la Constitución”.

“Fanb tienen tres días para sumarse a nuestra lucha por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, advirtió, al tiempo que anunció que el próximo 23 de febrero se movilizarán a los cuarteles del país para “exigir el ingreso de la ayuda humanitaria”.

En solidaridad con la Fanb

A raíz de la persecución que sectores de la extrema derecha emprenden contra efectivos militares, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), representada por el comisionado de Relaciones Internacionales, Rander Peña, expresó su solidaridad en respaldo a la digna posición que mantiene la Fanb.

“Rechazamos que -a través de su Twitter- Juan Guaidó se encargue de señalar a todo el mando militar que se encuentra en puestos fronterizos para que sean víctimas de los odios de la derecha. Desde la Jpsuv reiteramos nuestro respaldo a la digna posición de la Fanb porque es coherente con el sentir del pueblo venezolano”, señaló Peña en entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

La campaña contra la Fanb se acentuó a raíz de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien exhortó este lunes a la fuerza militar a elegir entre “aceptar la generosa oferta de amnistía o seguir apoyando a Maduro”, siendo esta última opción “un camino dónde no encontrarán un refugio, ni una salida fácil”.

En alusión al pronunciamiento estadounidense, el también internacionalista consideró que denota un “gran desespero” al no lograr materializar un acto de sublevación entre las fuerzas militares, dado su carácter leal al proyecto bolivariano y al presidente de la República, Nicolás Maduro.

No ceden al chantaje

En tanto, la institución castrense afirmó que no cederá a los chantajes que pretendan “fragmentar nuestra unidad y fortaleza moral”, al tiempo que rechazó cualquier posibilidad de atender a órdenes que no provengan de la decisión soberana del pueblo.

“El chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor. Somos los dignos herederos de Bolívar, Zamora y Chávez y fieles a sus principios defenderemos los más sagrados intereses del pueblo venezolano”, reza un comunicado divulgado este martes.

En paralelo, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, apuntó que las fuerzas militares de Venezuela están comprometidas por la defensa del territorio nacional, razón por la cual “vamos a resistir y estoy seguro que el bien se impondrá sobre el mal”.

Fuente: AVN

Oposición permite estrategia de agresión sistemática para dañar lealtad de Venezuela

El analista político José Vicente Rangel, aseveró este domingo, que la derecha nacional carece de perfil propio, ya que sus acciones son dirigidas por factores externos, permitiendo así una estrategia de agresión sistemática para dañar la lealtad de Venezuela.

Durante su programa José  Vicente Hoy, el periodista indicó, que existen sectores de la oposición venezolana, que han adoptado una posición hostil y plagada de odio, que ha terminado por ubicarlos como traicioneros de la Patria.

Asimismo Rangel destacó, que el gobierno de Trump, es promotor de planes golpistas, el cual emplea estrategias para generar un quiebre en la unidad y lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB).

“Lo que EE.UU desea de Venezuela, es apoderarse de sus riquezas mineras y del petróleo que nos pertenece” puntualizó Rangel.

De igual forma el analista político resaltó, que a pesar de las amenazas constante de  EE.UU y países desestabilizadores, el pueblo de Venezuela ha sabido derrotar dichas amenazas y provocaciones, de la mano del presidente Nicolás Maduro y la FANB, demostrando el valor y lealtad con su pueblo.

Fuente: YVKE Mundial/ Daniel Escobar

Foto: Internet / Google

ESTATUTO DE “TRANSICIÓN” PARA LA INTERVENCIÓN

El 4 de febrero, a doce días de la autojuramentación de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional sesionó de manera ordinaria para discutir y aprobar un instrumento que denomina “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Se trata de un documento de dieciocho páginas, con treinta y nueve artículos, precedido de una Exposición de Motivos con cinco considerandos que ha sido catalogado por la opinión pública como un nuevo “Decreto Carmona”.

EL CONTENIDO

En su artículo 2, “la transición” es definida como “el itinerario de democratización y reinstitucionalización”. Determina que se ha iniciado un proceso de tres fases que serán necesarias antes de llamar a supuestas elecciones libres. El lenguaje empleado no se corresponde con el de la Constitución de 1999, utilizando las categorías de la Constitución de 1961 y borrando el carácter bolivariano de la Fuerza Armada y la participación protagónica de la democracia que entienden como un espacio de partidos políticos.

En ese marco, el “estatuto” busca revertir decisiones que fueron tomadas de manera soberana durante los últimos años, haciendo particular énfasis en “reinsertar plenamente al Estado venezolano” en el régimen de la OEA y sus organismos de Derechos Humanos.

Seguidamente caracterizan la situación actual de Venezuela. En lo social como una “emergencia humanitaria compleja” y en lo político como una situación de facto derivada de una “usurpación del Poder Ejecutivo Nacional”, sobre la cual estiman pueden determinar la nulidad de los actos de todos los Poderes Públicos, incluidos el Electoral, el Ciudadano y el Judicial.

Siendo esta su valoración de la situación del país, señalan en el artículo 11 que todos los ciudadanos deben seguir el régimen que ellos están determinando y que todos los funcionarios serán responsables de “contribuir con la usurpación” en caso de que reconozcan el resto del Poder Público y ejecuten sus dictámenes. Sobre este tema, tratado en su proyecto de amnistía, ya nos hemos referido al detalle.

El Estatuto llega a su Capítulo III en el cual le otorga a la Asamblea Nacional todas las competencias del Poder Público Nacional. Sin señalar términos para el ejercicio de las mismas y rompiendo el esquema de la separación de poderes previsto desde la Carta Magna primigenia de 1811.

Así, diseñan un Poder Legislativo que acumula las competencias del Presidente de la República y del Poder Legislativo, que representa internacionalmente a la República y que tiene todas las competencias sobre el patrimonio de la República sin que exista un órgano contralor que reconozcan fuera de este recinto.

Esto implica la anulación completa del Poder Ciudadano y del Poder Judicial, que en principio no forman parte de ese supuesto que genera el dictado de una “transición” y que incluso ya había sido reemplazado por la Asamblea Nacional en 2017.

Según el Estatuto, las decisiones con respecto al petróleo venezolano tienen su centro en Washington, a la vez que la exigencia permanente al auxilio internacional -a la luz de las últimas declaraciones de Guaidó- parece avistar que la intervención extranjera es una situación deseada por quienes suscriben este documento. Los plazos para que dure esta situación son completamente aleatorios.

NO ES UNA LEY

Cuando nos referimos a los documentos de la Asamblea Nacional, no hablamos de una ley de la República. Por una causa sencilla: para que un instrumento en Venezuela se convierta en ley, se requiere haber seguido el procedimiento legislativo previsto en el artículo 202 de la Constitución. Es decir, que haya sido sometido a dos discusiones antes de ser sancionado para luego ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, hasta que cese el desconocimiento de la Asamblea Nacional hacia el Tribunal Supremo de Justicia, todas sus decisiones, actos de control político o leyes sancionadas, son nulas. 

¿QUÉ ES?

Según lo señalado en el Estatuto, se trata de un “acto en ejecución directa e inmediata del artículo 333”. Esta norma no dispone ningún mecanismo para dictar un régimen jurídico sino el hecho que el desconocimiento de la Constitución no le hace perder vigencia y un llamamiento a todas las autoridades para que eviten, detengan o enmienden una violación constitucional.

Por tales motivos, es difícil categorizar jurídicamente la naturaleza de un instrumento que no está previsto en nuestra Constitución y que constituye la separación de un sector de la Asamblea Nacional a la lógica del Estado venezolano, el cual determina que los cinco poderes son iguales, que los conflictos políticos se resuelven en el marco de la Constitución y que Venezuela se constituye en una República independiente. 

ES UNA VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

¿Puede una Asamblea Nacional desconocer la Constitución que determina su existencia y funcionamiento? Sin duda alguna no porque la Constitución es la norma suprema y constitutiva de todo el Poder Público Nacional. 

Una Constitución puede ser interpretada y esto es lo que hace la Sala Constitucional y sus dictámenes deben ser aplicados por todos los poderes y, finalmente, cumplida por todos los ciudadanos. Pero ninguno de los poderes puede borrar el contenido de la Constitución, reformular las funciones de las ramas del Poder o cambiar el carácter de la democracia o los derechos vigentes.

Este documento se produce tomando poderes que tan sólo le corresponden a la Asamblea Nacional Constituyente y que son sólo las decisiones de esta instancia, las que deben ser acatadas por todo el Poder Público Nacional sin derecho a oposición, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 349. Se confirma, así, que al menos desde el año 2016 la oposición se resiste a entrar al juego político en los términos de nuestra legislación.

ES UNA FALACIA

Según su Exposición de Motivos “durante veinte años de Revolución Bolivariana se ha impuesto un sistema político alejado de los principios constitucionales”. Algo totalmente falso: primero llegó la Constitución y luego, por solicitud del presidente Chávez, se fue a una Asamblea Nacional Constituyente que dictó la vigente Constitución. Posteriormente, señalan que sus actos se enmarcan en una “coyuntura liberadora” en tanto el presidente Nicolás Maduro Moros “no fue electo, no se juramentó y se aferró al Poder Ejecutivo de manera fáctica para profundizar la usurpación”.

De igual forma, según este texto, en Venezuela no ha habido elecciones o al menos estas se encuentran viciadas de nulidad por haber sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Otra falsedad: de conformidad con el artículo 349, lo que ordena la ANC debe ser cumplido por todos los poderes.

Además, las cosas no ocurrieron así. Veamos rápidamente cuál fue el camino que nos trajo al 10 de enero.

En primer lugar, fue dictado el “Decreto Constituyente sobre la convocatoria de las Elecciones para la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6361 del 23 de enero de 2018, en el que la Asamblea Nacional Constituyente ejerciendo su poder supremo y preservando los intereses de la República, convocó “para el primer cuatrimestre del año 2018, el proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”.

Orden que fue seguidamente modificada el 1° de marzo de 2018, mediante el “Decreto Constituyente sobre convocatoria a Elecciones en la República Bolivariana de Venezuela”, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria N°41351 de la misma fecha, mediante el cual modifica la fecha para la celebración de los comicios posponiéndola para el mes de mayo de aquel año. Obedeciendo seguidamente el Consejo Nacional Electoral y procediendo a convocarlas, como ha ocurrido en todas las elecciones desde agosto de 2017.

Adicionalmente, puede verificarse en la página web oficial del Consejo Nacional Electoral, que en la República Bolivariana de Venezuela se celebraron elecciones presidenciales el día 20 de mayo de 2018 con el fin de que el pueblo decidiera, mediante el sufragio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Nacional, quién asumiría la Presidencia de la República para el período constitucional 2019-2025.

Para estos comicios, se encontraban legalmente habilitados para votar 20 millones 526 mil 978 de venezolanos y venezolanas, efectivamente lo hicieron 9 millones 209 mil 777 personas, y, resultó ganador el candidato Nicolás Maduro Moros con un total de 6 millones 248 mil 864 de votos validos. Los cuales, a los efectos de este “Estatuto” no existen o su voto debe ser descartado frente a una abstención que entienden estuvo conformada por personas que decidieron no votar para que no fuese presidente Nicolás Maduro Moros.

Esta afirmación descabellada omite que en Venezuela sólo se ganan las elecciones con los votos y que ningún analista político puede sostener que la abstención en su totalidad significa que quienes no participaron favorecían a alguna opción. Pues existen personas que nunca acuden al sufragio, otras que no estaban en el país y otras que simplemente no querían hacerlo. 

Finalmente, el Estatuto y otros instrumentos fueron adoptados en sesiones donde existen serios cuestionamientos sobre si ha existido el quórum reglamentario y que, por no cumplir el artículo 202, no son leyes de la República.

Se trata, por ello, de algo mucho más peligroso que el Decreto Carmona que intentaba darle orden a una situación de facto, pues son espejos para que sean leídos en el exterior como marco que demanda y justifica una intervención.

Fuente: Ana Cristina Bracho / Misión Verdad

TSJ declaró nulidad del documento de transición presentado por Juan Guaidó

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró nulo el documento elevado por el diputado en desacato Juan Guaidó, el cual pretende desconocer el gobierno constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así lo anunció este viernes, el presidente de esta instancia, Juan José Mendoza.

El magistrado indicó que no existe en la Constituciónde la República un estatuto que haga referencia a unacto de transición gubernamental.

Catalogó el acto como subconstitucional y que no cumple con los requerimientos para alcanzar esa condición, puesto que es nulo y viola los principios de separación de poderes y pretende desconocer el mandato del presidente que fue constitucionalmente elegido el pasado 20 de mayo de 2018. 

Mendoza reiteró que todos aquellos actos que realice la Asamblea Nacional serán nulos, de acuerdo con lo establecido en el año 2016 cuando se declaró el organismo en desacato.

Finalmente, el magistrado exhortó al Ministerio Público a realizar las investigaciones pertinentes del caso; ya que el diputado Juan Guaidó incurrió en la usurpación de poder al autoproclamarse como presidente de la nación el pasado 23 de enero, tratando así de generar en un golpe de estado y desestabilizar al país.

Fuente: AVN

Amparado por EEUU diputado en desacato Juan Guaidó se autoproclama “presidente encargado” del país

Al día siguiente del llamado injerencista hecho por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el que pidió a la oposición venezolana marchar para “empezar los pasos de un Gobierno de transición”, el diputado a la Asamblea Nacional en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, durante un acto proselitista se autoproclamópresidente encargado” de Venezuela. 

Guaidó, desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara la inconstitucionalidad del Poder Legislativo, hizo un ritual de autoproclamación ante simpatizantes de la oposición que marcharon en conmemoración al 23 de Enero de 1958.

Sobre una tarima ubicada en la Plaza Juan Pablo II del municipio capitalino Chacao, expresó que en su condición de “presidente de la Asamblea Nacional” e invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana “ante Dios todopoderoso y Venezuela, en respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela”.

Su propósito, explicó, es lograr el cese de la usurpación, conformar un gobierno de transición y tener elecciones libres, asimismo, dijo a los simpatizantes opositores que cuenta con el apoyo de la “comunidad internacional”.

Minutos después de autoproclamarse, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a través de Twitter que su gobierno reconoce a Guaidó como “presidente interino”

Asimismo, amenazó mediante un comunicado publicado por la Casa Blanca que usará “todo el peso del poder económico y diplomático de los EEUU para presionar a favor de la restauración democrática de Venezuela”.

Otro de los voceros injerencistas que se pronunció a través de Twitter fue el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con mensaje de ” felicitaciones a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia”.

El representante de la OEA reincide en su injerencia sobre Venezuela, que ha contado con el respaldo de países miembros del autodenominado Grupo de Lima y Estados Unidos.

Más temprano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó al Ministerio Público (MP) a determinar la responsabilidad de la Asamblea Nacional en actos de usurpación de funciones.

La Sala Constitucional ratificó la nulidad jurídica del Parlamento reiterada el pasado 21 de enero y resaltó que la AN incurre en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y de Gobierno, al dictar cuatro acuerdos que violan los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Magna.

La postura tomada por Guaidó emula aquella del ex presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien un día después del golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, se autojuramentó “presidente de Venezuela”, con el beneplácito del sector empresarial, la Iglesia Católica y actores políticos de la ultraderecha.

Fuente: AVN